México, 26 Nov (Notimex).- El pleno del IFAI instruyó al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social a entregar una versión de los documentos de ingreso, salida y traslado de Joaquín Guzmán Loera, Inés Coronel Barrera y Rafael Caro Quintero, a diversos penales federales.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) informó, en un comunicado, que un particular solicitó copia de documentos que están contenidos en el expediente único de cada una de las tres personas citadas, como la autorización emitida para su ingreso a los Centros Federales de Readaptación Social.
Además, los documentos en los que conste el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 26, inciso A, fracción I del Reglamento de los Centros Federales de Prevención y Readaptación Social (estar procesado o sentenciado por delito o delitos considerados como graves, en términos del Procedimientos Penales).
Así como el acta administrativa de ingreso del interno en cada uno de los penales federales, la orden escrita o solicitud emanada por la autoridad competente para el internamiento de la persona citada en los penales federales, y el acta administrativa de egreso de los penales federales.
En respuesta, el sujeto obligado, a través de la Coordinación General de Centros Federales, indicó que la información se encontraba clasificada como confidencial y reservada.
Refirió que su difusión podría poner en riesgo la vida, integridad y seguridad, tanto de cada una de las tres personas mencionadas, como del personal que labora en los centros penitenciarios en donde se han encontrado internos.
Además, expuso que el órgano administrativo podría registrar un detrimento en sus funciones sustantivas, toda vez que se facilitaría a miembros de la delincuencia organizada la ejecución de acciones delictivas, como fugas, motines, atentados, lesiones, homicidios, amenazas contra el interno en cuestión o del personal que labora en dichas instalaciones.
Ante esta respuesta, el particular que solicitó la información interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, turnado al comisionado Óscar Guerra Ford, en el que manifestó que la información no podía ser clasificada, toda vez que el órgano garante resolvió en ese sentido, en el recurso diverso 0096/2008, referido al caso de Joaquín Guzmán Loera.
En alegatos, el órgano administrativo reiteró su respuesta original. En el análisis del caso, el comisionado ponente indicó que el particular no requirió el acceso a la totalidad del expediente único de los internos, ya que los documentos solicitados son de carácter administrativo.
Resaltó que esos documentos permiten relacionar a Joaquín Guzmán Loera, Inés Coronel Barrera y Rafael Caro Quintero con su ingreso y egreso de centros federales, pero dicha situación es del conocimiento público y dado que obra en fuentes de acceso público, no es confidencial.
Además, aseguró, no dan cuenta de las diligencias ni actuaciones realizadas en los expedientes correspondientes a los procesos penales, por tanto, no podría causar un daño a las actividades de prevención ni persecución del delito, o a la impartición de justicia.
Guerra Ford afirmó que no se pone en riesgo la vida, seguridad o salud de las tres personas mencionadas, ya que los documentos requeridos no aportan datos sobre su ubicación exacta actual, dentro del penal federal, o en el caso de Rafael Caro Quintero que ya fue liberado, el lugar geográfico en el que se encuentra actualmente.
Por lo que toca a los nombres de los titulares de la Dirección General de cada Centro Federal de Readaptación Social, el coordinador general de centros federales, el director jurídico y representantes de la Dirección de Seguridad del Centro Federal correspondiente, el ponente confirmó su reserva.
Señaló que se trata de personal que desempeña o desempeñó funciones operativas y, por tanto, podría ser objeto de amenazas, al indicar que se reserva el nombre del servidor público que requirió el internamiento de las tres personas señaladas a un Centro Federal de Alta Seguridad.
Por lo anterior, a propuesta del comisionado Óscar Guerra Ford, el pleno del IFAI modificó la respuesta e instruyó al órgano administrativo la versión pública de los documentos, en los que únicamente deberá omitir el nombre de los servidores públicos señalados.
